El Congreso de los Diputados en la madrileña Carrera de San Jerónimo / Agencias
En un contexto de ‘crisis económica’ como la actual, el legislador de mayoría conservadora y neoliberal en el Congreso de los Diputados, cercena y cuestiona derechos y libertades. Y pone a disposición de los jueces el deber de juzgar y hacer cumplir las sentencias que emanan del sistema que promociona una clase política acomodada subordinada a intereses corporativos del capital transnacional.
En 2011, el gobierno socialista en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero indultó al consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáez, antes de abandonar La Moncloa. “Se entendió que era razonable y punto” fueron las explicaciones que estimó oportunas el presidente para justificar el controvertido indulto sin entrar al fondo de la cuestión de esta medida de gracia de un presidente al representante de una de las más importantes entidades financieras. En un país donde la financiación de los partidos políticos es un tema tabú al que no ha llegado la transparencia propia de un sistema democrático avanzado, y donde la connivencia política-económica está a la orden del día, la administración de Justicia parece alejarse de los intereses de la ciudadanía. Se administra en base a la consolidación de un sistema injusto. La fallida separación de poderes otorga al ejecutivo la última palabra en la responsabilidad penal frente al poder judicial a través del indulto.
Con el beneplácito de los representantes de los partidos mayoritarios de la Democracia en España, los lobos no precisan la piel de cordero para atacar a su presa: se creen fuertes, superiores, e imponen su doctrina. La mano dura que citaba el ministro de Economía español, Luis de Guindos, ante los comisionados de Europa en relación a la ”extremadamente agresiva” reforma que cuecen los fogones del clientelismo en el Reino de Juan Carlos I. La autonomía del Gobierno y de la legítima representación de la ciudadanía en las instituciones se diluye en las decisiones arbitrarias de agencias de calificación, e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o una Unión Europea comandada por la canciller Ángela Merkel que parece haber olvidado el mensaje integrador y de esperanza de la articulación de ‘la Europa de los pueblos’. Históricos representantes de los partidos españoles reparten primas y dividendos en las antiguas cajas de ahorro ahora fusionadas como Caja Madrid, actual Bankia, con el dirigente popular Rodrigo Rato. En este marco, no sorprende el doble rasero con el que se maneja la Justicia.
La inhabilitación de 11 años por parte del Tribunal Supremo (máximo órgano de Gobierno de los jueces en España) al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por delito de prevaricación durante la instrucción del Caso Gürtel generó controversia en la opinión pública nacional e internacional. En la trama se veían salpicados responsables del Partido Popular donde tomaba relevancia de manera específica la financiación del propio partido. El juez Garzón, pasa a ser el primer condenado del caso por mayoría de los votos a favor de los magistrados, debido a la prevaricación que el tribunal basa en la ilegalidad de las escuchas de los procesados con sus abogados.
La garantía procesal pone en salvaguarda el derecho a la defensa de los procesados, y como consecuencia de ello, aunque Garzón justificase que las escuchas no fueron utilizadas en la diligencia. La sentencia del Supremo puede tener repercusiones en la independencia de los magistrados a la hora de instruir y perseguir delitos. Un antecedente de hecho, con motivo del Caso Naseiro, se saldó con el descarte de unas escuchas teléfonicas, y de las pruebas incriminatorias de la trama de corrupción política, pero obvió el juicio por prevaricación del juez instructor del caso.
En la Andalucía socialista, la juez Mercedes Alaya instruye una trama de corrupción y desvío de capitales que pone de manifiesto la red clientelar desde la que se conforma el poder institucional. Históricos dirigentes de la delegación socialista de Sevilla, como Alfonso Guerra, lejos de avergonzarse por las formas en que los suyos han gestionado ”la cosa pública”, pretenden sembrar dudas y poner en cuestión la acción de la juez instructora. Las dimisiones están pasadas de modas. Los gestores son malos o buenos, pero actualmente siempre “irresponsables” de la acción de las instituciones o administraciones bajo su tutela.
Las expectativas de recuperación económica del Gobierno de Mariano Rajoy no son positivas, a pesar de los sacrificios que se imponen a los colectivos sociales más desfavorecidos como apuntan la reforma laboral para establecer unas nuevas relaciones laborales donde inversores y empresarios tienen todo el poder sobre los trabajadores y sus derechos, la revisión anunciada por el ejecutivo del derecho a la huelga, o la subida impositiva o con una base más ideológica la revisión de supuestos de derechos y libertades. En este apartado se inserta la nueva ley del aborto más restrictiva que la aprobada en 1985 (que se mantuvo durante los gobiernos de José María Aznar) o el posicionamiento del ejecutivo con respecto a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con la justificación del contexto de crisis, el equipo de Rajoy presenta las medidas con la supuesta fuerza de la ”inevitabilidad” o la ”excepcionalidad” de la situación, al tiempo que cambia las reglas del juego a una sociedad donde germina una creciente desafección hacia el poder y las formas, tantas veces despóticas, de ejercerlo desde las altas esferas del Estado y de los magnates de la economía global.
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Buen articulo. Te felicito Juan CArlos. Sigue adelante!
Desde Nueva York Miriam Fernandez-Soberon